EL ’CIERRE’ DE RCTV

Rodrigo Santillán Peralbo


10 de junio de 2007

Un inmenso coro ha deplorado, insultado, vejado, criticado, la decisión soberana del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y ha desatado una inmensa ola de improperios en contra del Presidente Chávez que decidió no renovar la concesión para el uso del espectro radioeléctrico de propiedad inalienable del Estado por parte de RCTV que, en palabras de los opinantes, es un ataque directo a la “libertad de expresión del pensamiento” que, a pesar de ser un derecho tan abstracto, es valioso e irrenunciable derecho que implica profunda responsabilidad social, clara conciencia ética y compromiso con la sociedad a la que pretende servir y con la cual conviven el medio de comunicación social y el periodista.

Todo derecho implica el cumplimiento de deberes y éstos son los que imponen restricciones, limitaciones o prohibiciones, porque la práctica y uso legítimo de un derecho termina justamente cuando comienza el derecho de los demás. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en el artículo 29 determina: “…toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás…” La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de estos derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general” El interés general y mayoritario del pueblo venezolano es la Revolución Socialista o Socialismo del Siglo XXI propuestos por el Presidente Chávez y su gobierno.
Ciertamente que RCTV o cualesquiera otros medios de comunicación social tienen derecho a criticar y oponerse a esas propuestas, pero no tienen derecho a convertirse en voceros de la oposición y del imperio, la CIA y las transnacionales antipatria, ni deben -por mandato de la ética- promover la violencia social e instigar a marchas de protestas aderezadas con cacerolazos, ruidos de sirenas, pitos y uso de armas de fuego o por propia decisión, por si y ante si, convertirse en furibunda oposición al gobierno. Ese no es el papel de los medios de comunicación social, pues sus objetivos son informar y orientar, educar y contribuir a la consolidación de la paz social, profundización de la democracia, progreso y bienestar de las mayorías a través de la práctica y vigencia de los derechos humanos, de la solidaridad, libertad y justicia social.
Nadie puede desconocer que las Cartas Políticas actuales, los tratados, instrumentos y convenios internacionales garantizan el derecho a la libertad de expresión del pensamiento y el derecho de los pueblos a la información, misma que no debe ser tergiversada, manipulada y menos responder a prácticas de propaganda negra y de guerra sicológica, a propagar medias verdades para mentir y engañar o difundir mensajes subliminales o ensalzar las formas del delito, la pornografía, discriminación, la violencia, la guerra. Ningún medio o periodista deberían propagar rumores falsos, incitar a golpes de Estado, servir a intereses del imperio, confundir a la ciudadanía, incitar a la violencia social y alterar el orden público, desconocer el derecho a la autodeterminación o ser voceros de grupos elitarios en contra de intereses populares. Esas prácticas desleales son propias de la SIP , de la CIA y del imperio.

El Gobierno de Venezuela ha actuado legítimamente al no extender la concesión a RCTV que, de manera intencional, ha infringido las leyes y ha promocionado la violación de derechos humanos, instrumentado graves atentados a la democracia, glorificado el golpe de Estado, predicado la necesidad de una guerra civil para estructurar un “gobierno de transición”, divulgado llamamientos a la sublevación militar, interferido y cortado información oficial, firmado el acta constitutiva del gobierno de facto de Carmona formado después del golpe de Estado, pactado la entrega de las telecomunicaciones al dueño de RCTV de apellido Granier, participado en un apagón mediático de 72 horas para ocultar la resistencia popular, y violado elementales normas del Código de Ética del periodista y de la FELAP.
Es una lástima que, premeditadamente y a pesar de conocer la verdad de los hechos, aquí se quiera confundir a la opinión pública al propalar una mentira inmensa al decir que Chávez ha atentado en contra de la libertad de expresión del pensamiento que, parafraseando, se podría expresar: ¡Oh, libertad de expresión del pensamiento, cuántos crímenes se han cometido y se cometen en tu nombre!
Rodrigo Santillán PeralboPeriodista ecuatoriano, miembro del Consejo Editorial de Altercom, presidió de la Unión Nacional de Periodistas y fue directivo de la FELAP y la OIP, Profesor de la Universidad Central del Ecuador, autor de varios estudios publicados, fue director de la Revista Siempre, ahora integra el Tribunal Dignidad Soberanía y Paz contra la Guerra.